Un policía montando guardia en la entrada de la oficina del despacho de abogados Mossack Fonseca en la Ciudad de Panamá, en abril 

En agosto del año pasado, Panamá buscaba limpiar la imagen de ser un imán para los negocios turbios y para los narcotraficantes, así que pagó al menos dos millones de dólares para ser el anfitrión de la conferencia anticorrupción más grande del mundo.

En aquel momento, parecía buena idea.

Ahora, algunos panameños destacados no están tan seguros. Ocho meses después de acordar que organizaría dicha conferencia, Panamá pasó una profunda vergüenza cuando registros confidenciales filtradosrevelaron que un solo despacho de abogados panameño había creado miles de empresas con ventajas fiscales, lo que permitía a la élite adinerada esconder sus ingresos, algunos provenientes de actividades ilícitas. Estos registros se conocieron como los Panama Papers, un término que incomoda tanto a las autoridades panameñas que algunos no pueden ni pronunciarlo en público.

Después de la filtración, que incluyó millones de documentos legales, el presidente, Juan Carlos Varela, conformó una comisión de siete miembros para que hicieran recomendaciones para aumentar la transparencia del sector financiero. Esto tampoco funcionó exactamente como lo planearon.

La comisión, si no estuvo muerta desde el inicio, se quedó rápidamente sin su sustento vital cuando Stiglitz y otro miembro de la junta, Mark Pieth, experto sueco en anticorrupción, renunciaron después de solo una reunión oficial, porque, según explicaron, el gobierno no prometía hacer público su informe final.

“No puedes tener un comité de transparencia y no ser transparente”, explicó Stiglitz.

La repercusión de este contratiempo continuó mientras pasaban los meses y se acercaba la conferencia anticorrupción. Cada facción emitió su propio informe. Un prominente abogado panameño reprimió públicamente a los catedráticos de la Universidad de Columbia, donde enseña Stiglitz, por usar la palabra Panama Papers en el nombre de un curso y aseveró que esto caracterizaba injustamente a su país. En el Foro de Líderes Mundiales de esta universidad en septiembre, Stiglitz confrontó con delicadeza al vicepresidente de Panamá por haber presentado lo que llamó una explicación poco precisa de por qué la comisión se había disuelto.

Mientras que las potencias mundiales intensifican sus ataques contra los paraísos fiscales, el fracaso de la comisión para tener una voz unificada ilustra las dificultades que se presentan al tratar de reformar un sistema financiero, sobre todo en países pequeños, donde los lazos familiares están muy arraigados y los intereses financieros de los abogados y banqueros de la élite están enclavados en negocios con ventajas fiscales.

Panamá ha dado algunos pasos hacia la transparencia. Después de haberse negado en un principio, aceptó este año un acuerdo multilateral para proporcionar los nombres de los verdaderos dueños de las empresas con ventajas fiscales cuando otros países así lo soliciten. Además, el presidente Varela habló en la ceremonia de inauguración de la conferencia anticorrupción.

Sin embargo, queda más por hacer, aseveró Stiglitz, expresidente del comité. Él y Pieth aseguraron que no guardaban resentimientos, pero que lamentaban que Panamá perdiera la oportunidad de servir de modelo para otras naciones, incluso para Estados Unidos, que no cumplen a cabalidad con los estándares internacionales de transparencia.

El resto de los miembros de la comisión culparon a los conflictos internacionales, y no al gobierno, por las renuncias. “Todas las instituciones están abiertas y con ánimo de compartir información, documentos e incluso opiniones”, escribió Robert Artavia Loria, miembro de la comisión, en un correo electrónico que envió a Stiglitz.

Con todo, una evaluación hecha por The New York Times sobre las conexiones comerciales de los cuatro miembros panameños de la comisión (el quinto era costarricense) evidencia los problemas que Stiglitz y Pieth tuvieron que vencer.

Uno de estos miembros, Nicolás Ardito Barletta, expresidente de Panamá durante una dictadura, ayudó a crear la industria de ventajas fiscales del país en 1970, cuando fue ministro de Planeación. Barletta además abogó por la zona libre de impuestos del país; una de las primeras áreas que Stiglitz quería investigar, pues ve las zonas con poca regulación y ventajas fiscales como una invitación al lavado de dinero.

Una segunda integrante, Gisela Porras, fue alguna vez socia en un despacho legal que recientemente sugirió: “Nuestro derecho corporativo resulta atractivo por varias razones. Antes que nada, la información de los accionistas no se encuentra archivada en el Registro Público, por lo tanto, garantiza la confidencialidad del beneficiario efectivo”.

El copresidente de la comisión, Alberto Alemán, es director independiente de Global Bank, uno de los tres bancos panameños cuya perspectiva fue evaluada recientemente por S&P Global con una tendencia estable a una negativa, ya que refleja una “falta de normatividad, supervisión, gobernanza y transparencia en el sistema financiero panameño”.

Alemán, exadministrador del canal, solía ser accionista de una empresa que hizo millones de dólares a partir de negocios con el Canal de Panamá. Además, tiene tres sobrinos que son o han sido socios en un despacho de abogados con servicios de ventajas fiscales.

Asimismo, uno de los consejeros más cercanos al presidente hasta inicios de este año era Ramón Fonseca Mora, socio en Mossack Fonseca, el despacho de abogados que se vio involucrado en los Panama Papers. El periódico alemán Süddeutsche Zeitung obtuvo la información y después la compartió con un Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, un grupo sin fines de lucro con base en Washington.

Stiglitz en un principio tenía dudas de la seriedad del gobierno en este esfuerzo por mayor transparencia, pero explicó que dos cosas lo convencieron. La vicepresidenta de Panamá, Isabel de Saint Malo, voló a Nueva York para pedirle personalmente que fuera miembro de la comisión, y Pieth también fue invitado a prestar sus servicios.

El grupo se reunió oficialmente por primera vez en junio en Nueva York. La luna de miel no duró mucho.

“Todos fueron culpables de una mala búsqueda en Google”, afirmó una de las personas que conocía a los miembros de la comisión. Pieth añadió: “No le dedicamos mucho tiempo a investigar a nuestros colegas”.

Los posibles conflictos salieron a relucir rápidamente, de acuerdo con las notas que tomó un participante. Cuando el tema sobre un registro público de los beneficiarios efectivos salió a colación “podías verlos palidecer”, aseguró Stiglitz. Añadió que no hubo una discusión seria sobre un control más estrecho de las zonas de libre comercio con ventajas fiscales o sobre la aplicación enérgica de leyes de registros abiertos.

El grupo acordó que pedirían al presidente Varela que su informe final fuera público. “Dijeron que iban a ir con el gobierno y lo obtendrían, pero nunca hicieron nada”, contó Stiglitz.

En cambio, el 29 de julio, el grupo recibió una carta dura del gobierno que decía que el decreto presidencial que creó la comisión estipulaba que el informe “será propiedad y para uso de la República de Panamá” y que esta decidiría lo que compartiría con el público. El gobierno también declaró que los fondos solicitados para los gastos de operación no llegarían.

Además de todo, Stiglitz y Pieth declararon que se sorprendieron cuando se enteraron de que otros miembros habían enviado en secreto un informe “provisional” al presidente Varela, sin su conocimiento o aprobación. Este informe era limitado y estaba muy mal escrito, explicó Stiglitz.

Pieth escribió una aguda respuesta. “No puedo evitar sentir que el presidente les pidió participar en el comité exactamente por lo que han hecho: para jalar los frenos de emergencia cuando las cosas parecían ponerse tensas para la industria panameña de servicios”.

Durante esa época, Alemán, el vicepresidente, visitó a Stiglitz en Nueva York para decirle que la comisión debía disolverse.

La comisión que sobrevivió entregó un informe recientemente, el cual no es en esencia distinto de aquel informe provisional, según Stiglitz. “Están haciendo un tremendo esfuerzo para sonar rigurosos”, explicó. “Sin embargo, la debilidad central en el marco de la transparencia no se ha tratado”. Subrayó la importancia de hacer públicos todos los nombres de los beneficiarios efectivos. “Para nosotros es muy importante la noción de registros recuperables, y ellos se oponen a esto”, declaró.

Las investigaciones recientes sobre corrupción enfatizan esta preocupación.

Este año, autoridades estadounidenses identificaron públicamente a Nidal Waked y Abdul Waked, así como a sus socios, como líderes de un importante círculo de lavado de dinero, el cual se cree que ayudó a narcotraficantes a esconder ganancias ilícitas en docenas de empresas fantasmas y en un banco panameño. Ambos —en litigio por estas acusaciones— han mantenido durante mucho tiempo su base de operaciones en la Zona Libre de Colón, la cual está al lado del Canal de Panamá.

En una declaración, la Oficina de Control de Activos Extranjeros de la Tesorería de Estados Unidos afirmó que, al identificar públicamente este círculo y congelar los activos que están bajo el control de Estados Unidos, se ha afectado la capacidad del grupo para “lavar las ganancias provenientes del narcotráfico, usando métodos comerciales, ventas al menudeo libres de impuestos, desarrollo de bienes inmuebles, así como servicios financieros en toda la región”.

En una investigación no relacionada que ha sacudido a la clase política en Brasil, los fiscales afirmaron que tenían en la mira el despacho legal de los Panama Papers, Mossack Fonseca. “Es claro para nosotros que hubo al menos dos crímenes cometidos por la oficina en Brasil de Mossack Fonseca: delito financiero y crimen organizado”, explicó Jerusa Burmann Viecili, fiscal federal de Brasil.

Añadió que “los registros de los elementos con paraísos fiscales de Mossack Fonseca tenían un objetivo bastante claro: esconder a los verdaderos beneficiarios de estas empresas fantasmas”.

Mossack Fonseca declaró que su filial, o franquicia, en Brasil, operaba de manera independiente de la oficina principal.

La investigación de Brasil, llamada operación Lava Jato (Operación Lava Autos), también ha afirmado que algunos funcionarios de la empresa de construcción brasileña Odebrecht, una de las más grandes en América Latina, y uno de los contratistas de obra pública en Panamá, usaron empresas fantasmas para tapar sus huellas en un esquema de pago de sobornos.

Se alega que los bancos panameños se han quedado con una parte del dinero de los sobornos. Multibank, antes conocido como Multi-Credit Bank, fue citado en documentos en los tribunales como uno de los lugares donde los fondos eran depositados. El pronóstico de esta institución financiera fue evaluado recientemente a la baja por S&P Global.